A desocupar, a desocupar El Heraldo

(Foto Florida24)

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En la mañana de este miércoles los trabajadores de El Heraldo deberán desocupar la empresa dando cumplimiento a lo dispuesto por la Justicia. Se desconoce si habrá negociación y si todos los trabajadores volverán a la empresa

En la víspera la Juez Letrada de 2° turno Rossana Re Fraschini dio a conocer un fallo dando lugar al recurso de amparo presentado por el dueño del diario El Heraldo Álvaro Riva Rey a quien acompañó algunos de sus trabajadores. De acuerdo al texto citado por el portal Floridadiario la juez enfatizó en la necesidad de “un equilibrio de los derechos constitucionales de unos y de otros”.

Re Fraschini sentencia que “se lesiona también el derecho del empresario al desenvolvimiento de su emprendimiento, la eventual lesión de créditos de terceros que se verían afectados por la medida, y que podría reclamar a quienes la adoptaron, la reparación de perjuicios que sufrieren”.

“Es decir, no se trata sólo de los perjuicios y la vulneración de derechos de quienes integran la relación de trabajo, sino de terceros ajenos a ella que también se verían perjudicados por la adopción de la medida”.

En el párrafo previo al fallo destaca que, tal el escenario que observa tras la medida adoptada,  “no es viable armonizar el goce de los distintos derechos involucrados, y que su intolerancia se ha traducido en manifiesta ilegitimidad de comportamiento, pues los derechos de los actores no se verían contemplados se ni se les amparara”.

En el documento también dejó constancia que “si bien la huelga es un derecho consagrado constitucionalmente, también consagra la Constitución, sin establecer la prevalencia de unos respecto de otros, el derecho de los trabajadores a disentir, a no adherir a la medida y a desempeñar efectivamente la tarea correspondiente a su puesto de trabajo”, indicó la jueza en su fallo, aceptando previamente a la acción de amparo como “la vía natural y la única disponible para quien ha visto desconocidos y lesionados no menos de cuatro de los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 7 de la Constitución. Éste establece que “los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme a las leyes que se establecen por razones de interés general”.

Si bien la jueza señaló, haciendo referencia a lo que se desprende de las declaraciones (y coincidiendo con lo que estableció el fallo de la acción de amparo presentada por la trabajadora  Antonia Alayón), que hubo “medidas antisindicales”, consideró “intempestiva” la opción de ocupación “sin acudir gradualmente a otras que implicaran la suspensión para todos de la relación de trabajo, radicalizándose así el conflicto”. De esta manera, apunta, se “cerró todo camino de entendimiento”. Subrayó que “la medida no fue tomada en una asamblea de trabajadores sino en consulta de dos de ellos con los dirigentes del SAG de Montevideo”, y que los ocupantes estables “son cinco”, cuando en contrapartida junto con el director del medio “comparecen ocho”.

 

 

 

 

 

 

 

 

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