APU condena pronunciamiento judicial que implica censura previa

APU censura previa“La APU expresa su total condena a este pronunciamiento judicial y reclama al juez Santiago Lorenzo que deponga su actitud y retire de inmediato la intimación que le fue notificada a la colega Estela Apollonio”

Montevideo, 30 de octubre del 2013.

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) expresa su más enfática condena a la decisión del juez de Paz de la 4ª. Sección de Durazno, Santiago Lorenzo, que prohibió a la periodista Estela Apollonio recibir denuncias sobre la Policía, Policlínica y Juzgado de Villa del Carmen “so pena de incurrir en el delito de coautoría de difamación e injurias”.

Además de rechazar esta decisión, por considerar que se incurre en la censura previa y se afecta la libertad de expresión, la APU planteará la situación ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y evaluará qué otras acciones legales se pueden seguir.

La periodista venía trabajando en una denuncia de falta de atención en la Policlínica de la zona.

La APU recuerda que el artículo 29 de la Constitución de la República Oriental del Uruguay establece claramente un régimen constitucional de libertad de expresión, por cualquier medio y sin censura previa, acordando para los posibles abusos un régimen de responsabilidades ulteriores.

Dice el artículo mencionado: “Es enteramente libre en toda materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley por los abusos que cometieron”.

La expresión subraya el principio de libre expresión y además lo acompaña de una prohibición absoluta de censura previa.

Es pues, una definición política coherente con la raigambre liberal del país, que indica la voluntad del constituyente de diferir el conflicto en el que puede ingresar la libertad de expresión con otros derechos, ex post o en forma “ulterior” a la emisión de la expresión.

Con igual énfasis, pero aún mayor detalle, la Convención Americana también se definió en su hora por la prohibición de censura previa y un sistema acotado y reglado de responsabilidad posterior.

El artículo 13 de la Convención Americana dispone que: “1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.

2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:

a. el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o

b. la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas.

3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2.

5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional”.

Además, la Ley de Prensa vigente en el país fue modificada tras una condena que recibió el Estado uruguayo excluyéndose expresamente la vía penal para los delitos que eventualmente se cometan a través de un medio de comunicación.

El pronunciamiento del juez Lorenzo desconoce olímpicamente esta realidad y con la presunta excusa de “proteger” a la periodista de cometer un eventual delito penal incurre directamente en la censura previa, violentando normas constitucionales.

La APU expresa su total condena a este pronunciamiento judicial y reclama al juez Santiago Lorenzo que deponga su actitud y retire de inmediato la intimación que le fue notificada a la colega Estela Apollonio.

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

ASOCIACIÓN DE LA PRENSA URUGUAYA

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