EL MATRIMONIO IGUALITARIO (I)

Dr. Gabriel González     (foto F24)

Dr. Gabriel González (foto F24)

ESPECIAL PARAF24 Gabriel González Merlano. El proceso en el Parlamento Recientemente el Senado ha votado con una amplia mayoría la ley de matrimonio igualitario; como antes ya había sucedido en Diputados; pero ahora con las correcciones introducidas, volverá a esta Cámara, y nada hace prever que el resultado no sea aplastante a favor de la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo

Para encarar el análisis de la futura ley basta analizar los términos que le dan nombre, matrimonio e igualitario. Pero antes creemos oportuno hacer algunas consideraciones sobre lo que significan este tipo de leyes y proyectos, que constituyen un verdadero rosario de despropósitos: voluntad anticipada, unión concubinaria, aborto, matrimonio igualitario, reproducción asistida, y las que vendrán, pues todavía tenemos por delante dos años más de gobierno “progresista”. Algo similar a lo que sucedió a fines del siglo XIX y comienzos del XX, con el conjunto de leyes secularizadoras, que eliminaron todo vestigio de tradición religiosa en nuestro país, está sucediendo ahora, cien años después, cuando se quiere arramblar con la tradición moral de nuestro pueblo.

En aquel momento Uruguay se encontraba celebrando su centenario y estaba construyendo un modelo de país que en muchos aspectos fue favorable, pero en el que antes comentamos, fue sumamente negativo, al punto de que el laicismo recalcitrante ha hecho de nuestro país un ejemplo de lo ridículo. Hoy, al celebrar el bicentenario nos estamos proyectando hacia un futuro muy oscuro, porque estamos echando por tierra lo poco que nos quedaba de cohesión social. A falta de religión como elemento aglutinante esencial de toda comunidad, nos quedaban ciertos valores que constituían nuestro contrato moral, y así vertebrar la sociedad.

Esto es de fundamental importancia, pues los pueblos no se constituyen sólo con un código político, sino también con un código moral, una comunidad moral de valores -mínimo ético que todos deben observar-. La destrucción de las naciones no solo viene por la corrupción política, sino también por la corrupción moral, de lo cual tenemos sobrados ejemplos en la historia de la humanidad. Tan importante como conformar una comunidad política es conformar una comunidad moral. En otras palabras, no existe comunidad política sin valores morales que la sustenten.

Toda sociedad, para ser viable, además de normas jurídicas y reglas políticas, debe tener reglas de conducta; la comunidad de ideas que constituye a una sociedad, no se refiere sólo a ideas políticas, sino también ideas sobre como deben comportarse sus miembros; hay una estructura moral además de la política, que asegura la subsistencia, desarrollo y continuidad del grupo. Si lo moral es un elemento que estructura y brinda identidad a la sociedad, por simples razones de autodefensa, los integrantes de la misma no pueden ser indiferentes a las cuestiones éticas o morales, sino que deben discutir y emitir un juicio colectivo.

Pero lamentablemente no siempre advertimos esta conciencia en la ciudadanía, mucho más preocupada de decisiones políticas, que son ajenas, que de decisiones morales, que son propias. Porque las decisiones políticas las toma el gobierno, pero las decisiones morales las debe tomar la sociedad, pues el Estado, como parte de la sociedad, no le corresponde moralizar, sino adoptar la moralidad reinante, a menos de querer constituirse en un Estado totalitario, que impone una forma de pensar, de creer y de vivir, a los ciudadanos.

Con esto estamos diciendo que los temas de índole moral, que concretamente son el contenido de ese rosario de leyes polémicas a las que hacíamos mención, necesitan la discusión ciudadana, lo cuál no se ha dado. Con el agregado fatal de que estas decisiones no son simples decisiones políticas -como lo son la seguridad, economía, etc.-, que toma el Poder Ejecutivo y que fácilmente otro gobierno puede cambiar; estas decisiones morales se han tomado en el Parlamento, lugar de la representatividad de la ciudadanía, y una vez que se promulgan como ley es muy difícil -al menos en el ordenamiento jurídico uruguayo- volver atrás y derogarlas, quedan consagradas indefinidamente.

Con estas consideraciones, pretendemos dejar de manifiesto la trascendencia de estos temas, aunque los consideremos menores, pues con ellos se juega la integridad y subsistencia misma de nuestra sociedad, la cuál, insisto, se fundamenta no solo en un ordenamiento político, sino también en un ordenamiento moral. La futura ley sobre matrimonio igualitario constituye un eslabón más en este camino de desintegración moral, es decir, desintegración social. Pasemos a analizar sus postulados.

En primer lugar, dejamos constancia que la gravedad de la misma se advierte en el eufemismo del título, pues bien sabemos que de lo que se trata es del matrimonio entre homosexuales. Lo mismo sucede con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, formulación elegante que esconde una cruel realidad, pues todo lo que se interrumpe es para reanudarlo y sabemos que no es  lo que pretende esa ley, por eso no debemos engañarnos y debemos llamarla por su nombre, aborto.

Pero dado que de esa forma se ha nominado la ley, veamos lo que significa su primer término, matrimonio. El matrimonio, más allá de cualquier connotación religiosa, que en este momento no viene al caso, es una institución natural que existe en función de los hijos. No hay necesidad de establecer una regulación jurídica para que dos personas se intercambien muestras de amor; eso es una realidad privada. Llevando las cosas al extremo casi de lo ridículo, pero no exento de lógica, una persona puede querer muchísimo a su perro pero no por ello se tiene que casar con él.

La unión afectiva se vuelve pública, es decir, matrimonio, porque es necesario proteger a los hijos. Pero para generar prole, el matrimonio naturalmente debe ser una realidad heterosexual. Por tanto, hablar de matrimonio homosexual, es decir, abolir la necesaria diferenciación sexual, además de ser un sin sentido, una contradicción, es cambiar la naturaleza de esta institución, transformándola en un asunto totalmente privado, que trata sobre el amor y compromiso particular, pero nada tiene que ver con los hijos, o sea, con la familia. Tal es así que esta unión heterosexual centrada en la nueva vida que de allí surge y se desarrolla, recibe el nombre de matrimonio, en referencia al papel fundamental de la maternidad, o sea, de la mujer, mientras que el padre, el varón, aporta el patrimonio, es decir, los bienes materiales necesarios para la supervivencia.

Al Estado le interesa el matrimonio, porque está centrado en los hijos, que necesitan de protección jurídica. Pero si sólo el amor y compromiso es el único propósito del matrimonio, este se transforma en irrelevante y la familia en algo muy inestable. Esto no es extraño si consideramos la fuerza con que se intenta imponer -desde los poderes mundiales- la llamada ideología de género, que postula la indiferenciación entre los sexos, siendo esta una condición que libremente se puede elegir, ya que la naturaleza no cuenta. La identidad sexual es una esclavitud de la que hay que liberarse, el sexo es el que cada uno elige.

Es la misma ideología que desnaturaliza la maternidad porque no la considera algo inherente a la mujer, por lo que esta puede perfectamente optar por el aborto, ya que ser madre no es algo consustancial a su naturaleza. En el fondo, el fundamento último del aborto es el mismo que el del matrimonio entre personas del mismo sexo, viene dictado por una misma ideología perversa e interesada en separar la sexualidad de la procreación, con lo cuál frivoliza la primera que queda sólo en función del placer y elimina la segunda.

El matrimonio tal como se ha entendido hasta el presente, es la unión de un hombre y una mujer, abiertos a la generación y cuidado de los niños. Estos están en el corazón del matrimonio, son su razón de ser. Por eso la sociedad lo valora y reconoce a aquellos que traen hijos al mundo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos -a la que nuestro ordenamiento jurídico, de forma muy inconveniente, se opone con la presente ley-, en su artículo 16, luego de afirmar que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, producido “mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos”, afirma, también, que “la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado”.

Así es como se promueve el único beneficio del matrimonio: asegurar entornos familiares que aporten las cualidades de seguridad y confianza para los niños. Sin embargo, los mercaderes de la sexualidad no reproductiva, han desembarcado en nuestro país, y una vez que han logrado separar la maternidad de la naturaleza femenina, ahora quieren separar el matrimonio de la familia.

Pasando al segundo término del título de la ley -igualitario-, debemos decir que cuando llamamos al matrimonio entre personas del mismo sexo matrimonio igualitario, la condición a igualar es únicamente la sexual, cuando hay otras realidades que se deberían “igualar”, pero no se quiere hacerlo. ¿Por qué no igualar el matrimonio civil al religioso? Esto no le haría mal a nadie y verdaderamente constituiría un beneficio, en primer lugar para el Estado. Este reconoce el matrimonio de dos personas del mismo sexo pero no reconoce efectos civiles a un matrimonio religioso, sólo por prejuicios trasnochados, que hoy en día no se sustentan de ninguna manera. Si pretendemos igualar a las personas por su condición sexual, por qué no hacerlo también con su condición religiosa.

Pero hay algo de fondo que es aún más importante, pues al hablar de igualdad de los matrimonios, se quiere afirmar que todos los matrimonios son lo mismo, cuando en realidad son cosas muy diferentes. Un matrimonio heterosexual no es igual a un pretendido matrimonio homosexual, y no vale la pena, por obvios motivos, y luego de todo lo dicho, aclarar la diferencia. Lo que se busca con ello es uniformidad, pero eso no es igualdad. Es tan injusto tratar como desigual lo que es igual, como tratar igual lo que es desigual, tal como sucede en el presente caso.            Por tanto, para nada es discriminatorio mantener el matrimonio tradicional y excluir del mismo lo que no corresponde. He ahí, el error de los fundamentalistas del igualitarismo. Lo que se consigue, que en definitiva es lo que se busca, es destruir la institución matrimonial, base de la familia, y esta, a su vez, base de la sociedad.

Esto da para mucho, continuaremos en la próxima.

Gabriel González Merlano

 

 

 

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